¿Cambios en la fiscalidad del sector eléctrico?

En las últimas horas ha trascendido la noticia de que el Gobierno de Coalición tiene previsto acometer una reducción limitada, parcial y temporal de la fiscalidad del sector eléctrico para tratar de paliar la subida en la factura de la luz de los últimos tiempos.

A la reciente puesta en marcha de la nueva estructura tarifaria que entró en vigor el pasado 1 de junio, hay que añadirle que en este mes el precio mayorista de la electricidad viene registrando los precios más elevados de los últimos años. Precios que se suman a los del mes de mayo y parte de abril, que fueron igualmente muy elevados pero que, en cualquier caso, parecen responder a motivos más propios del mercado (elevados precios del gas natural en los mercados internacionales, el elevado coste de los derechos de CO2 o la recuperación de la demanda entre otros factores). Todo esto ha generado cierta alarma social por lo que parecía una tormenta perfecta con la adaptación a los nuevos tramos horarios y un precio del mercado inusualmente alto, por lo que el Gobierno se ha visto en la necesidad de salir al paso con alguna propuesta inmediata que aplaque los ánimos de los consumidores.

Como hemos explicado en ocasiones anteriores, la factura eléctrica se compone fundamentalmente de un precio de la energía, una parte regulada de peajes de transporte y distribución a lo que se debe añadir los cargos del sistema, y una parte impositiva, que también es un elemento regulado de política fiscal.

El Gobierno quiere acometer una reforma en la parte de mercado a través del proyecto de ley de minoración del precio del CO2 de la retribución de mercado que reciben algunas tecnologías no emisoras. Lo que coloquialmente se ha dado en denominar los “beneficios caídos del cielo” para las centrales nucleares e hidráulicas. También está en proceso de acometer, una reforma en la parte regulada de los nuevos cargos, a través de la creación de un Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sector Eléctrico, por el cual sacará progresivamente la retribución específica que reciben las renovables “históricas” (recordemos que de un tiempo a esta parte las renovables ya no reciben primas y se desarrollan a través de proyectos merchant, PPAs o con las subastas que liquidan la diferencia contra el mercado) de los cargos del sistema para aligerar la factura, derivando este coste a los comercializadores de electricidad, gas y productos petrolíferos. Si bien estas dos reformas tienen un carácter estructural, lo que hemos conocido en las últimas horas son medidas en la tercera parte de la factura, en la impositiva. Pero como anunciamos al inicio, son medidas limitadas, temporales y parciales.

Está previsto que el jueves el Consejo de ministros apruebe un Real Decreto-Ley con entrada en vigor inmediata (con su publicación el BOE) alegando la urgente necesidad de frenar la subida de la factura de la luz de los consumidores, pero no sólo en el mes de junio, sino en los próximos meses, donde los mercados de futuros arrojan precios poco halagüeños.

Este Real Decreto-Ley contendría 3 medidas que manejamos actualmente con cautela, ya que ha trascendido información contradictoria seguramente inspirada por las negociaciones que aún siguen en curso y las filtraciones interesadas. Éstas serían las siguientes.

  • Reducción al 10% en el IVA hasta final de año o el 2023 (según la fuente de la filtración al medio de turno) para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10kW o 6kW (igualmente, depende de la fuente), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de 45€/MWh.
  • Reducción al 10% a todos los consumidores vulnerables con independencia de la potencia contratada y el precio del mercado hasta final de año o 2023.
  • Suspensión (que no supresión) del impuesto de producción de electricidad (IVPEE) del 7% durante el tercer trimestre de este año.

Cabría hacer una reflexión como comercializadora, sobre todo en el primer punto, ya que vincular la aplicación de un IVA u otro en función de un valor tan volátil e impredecible como es el precio medio del mercado mayorista aporta una gran incertidumbre para el consumidor ‘medio’, que no monitoriza (ni tiene porqué hacerlo) diariamente los precios de cierre de la casación de OMIE.

Además, introduce una complejidad innecesaria que sólo puede confundir a los consumidores, ya que las facturas se emiten por parte de la comercializadora de acuerdo al ciclo de lectura de la distribuidora, que no coinciden necesariamente con el mes natural de la casación de precios en OMIE. Es decir, lo frecuente es que un consumidor tenga una factura que abarque por ejemplo el periodo del día 19 de julio a 19 de agosto y que en julio el precio del mercado mayorista pueda estar por encima de los 45€/MWh y en agosto no, por lo que en la factura del consumidor el ciclo de lectura caiga en dos meses con dos IVA distintos. Esta circunstancia introduce una complejidad añadida a la hora de comprender la factura por parte de los consumidores.

Sinceramente, y con las cautelas propias de escribir en base a información periodística y no a normas publicadas en el BOE, aunque el comercializador tendrá que adaptar nuevamente los sistemas informáticos de facturación, estas medidas parecen tener efectivamente un impacto beneficioso para el consumidor.

El sector necesita reformas estructurales para acometer los muchos retos a los que nos enfrentaremos los próximos años, con la introducción masiva de energías renovables, la volatilidad del precio, el despliegue del autoconsumo y las comunidades energéticas y la gestión activa de la demanda por parte de los consumidores. Todo ello requiere de una regulación sólida, de largo plazo y coherente, que dé estabilidad y atraiga inversión y para ello es preciso contar con todos los agentes del sector. Sin embargo, en esta ocasión da la impresión de que la medida viene impulsada más bien por las presiones mediáticas e internas que se vienen produciendo en los últimos tiempos dentro del actual Gobierno.

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